Factores sociodemográficos, conductuales y de acceso a servicios de salud que influyen en el contagio de enfermedades de transmisión sexual en mujeres menores de 18 años en la provincia de San Juan, en el primer semestre del año 2025

Abstract

La transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en mujeres menores de 18 años representa un problema de salud pública con importantes consecuencias físicas, emocionales y sociales. La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad en la que confluyen diversos factores que pueden aumentar el riesgo de contraer ETS, tales como la falta de educación sexual integral, comportamientos sexuales de riesgo, desigualdades de género, y barreras en el acceso a servicios de salud. En la provincia de San Juan, la situación puede agravarse debido a particularidades sociodemográficas, culturales y económicas propias de la región. Analizar los factores sociodemográficos (como nivel educativo, situación económica, entorno familiar), conductuales (iniciación sexual temprana, uso inconsistente del preservativo, número de parejas sexuales) y de acceso a servicios de salud (disponibilidad, accesibilidad, calidad de la atención) permitirá identificar las principales causas que inciden en la transmisión de ETS en esta población específica. Esta información es fundamental para el diseño de intervenciones preventivas, políticas públicas y estrategias educativas contextualizadas que contribuyan a reducir la incidencia de estas enfermedades y a mejorar la salud sexual y reproductiva de las adolescentes en San Juan. En el periodo 2024–2025, organismos internacionales como la OMS, la OPS y UNICEF han alertado sobre el crecimiento sostenido de casos de infecciones como sífilis, gonorrea, VIH y virus del papiloma humano (VPH) entre jóvenes, con una alta prevalencia en mujeres adolescentes, muchas de las cuales acceden tardíamente a diagnósticos o no reciben tratamiento adecuado. En San Juan, reportes del sistema de vigilancia epidemiológica y relevamientos locales realizados por centros de salud y organizaciones comunitarias han evidenciado un incremento de consultas ginecológicas en adolescentes por infecciones genitales, muchas de ellas vinculadas a prácticas sexuales sin protección. Este fenómeno no puede entenderse de forma aislada: responde a una trama compleja de factores sociodemográficos, conductuales y estructurales, entre ellos la pobreza, la deserción escolar, la falta de acceso a educación sexual integral y la escasa disponibilidad de servicios de salud sexual amigables para adolescentes. En este contexto, la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina sigue siendo desigual. La Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) se sancionó en 2006, y su implementación es obligatoria en todas las instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario en Argentina. Esto incluye a las escuelas públicas y privadas. La ley establece que la educación sexual debe ser integral, laica, científica y pluralista, orientada a promover derechos sexuales y a garantizar la igualdad de género. Esto abarca desde contenidos sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), métodos anticonceptivos, la prevención del abuso sexual, hasta cuestiones de identidad de género y diversidad sexual. A su vez, permite que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud sexual y reproductiva. Pese a su carácter obligatorio, aún existen escuelas y comunidades que no la implementan plenamente por resistencias ideológicas, falta de formación docente o ausencia de recursos didácticos. Esta situación deja a miles de adolescentes sin herramientas críticas para la toma de decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Marcela Pinto, psicóloga de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de la provincia, explica: “En San Juan fue una novedad y se tuvo que trabajar bastante. Al principio, la ley se implementó sin hablar de diversidad de género, porque era un tema cuestionado por la sociedad”. Aparte de eso, según Pinto, a nivel local persiste cierto prejuicio al hablar de educación sexual integral, ya que se la suele asociar únicamente a la genitalidad. Por tanto, esta investigación busca aportar evidencia científica actualizada y contextualizada que sirva de base para mejorar la toma de decisiones en salud pública y garantizar el derecho a una vida sexual y reproductiva saludable para las adolescentes.